Asamblea Nacional deberá repetir 33 actos por desacato

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La Asamblea Nacional (AN) apaga hoy la velita de su primer año desde que fue electa y lo hace con un saldo negativo de 33 actos legislativos que repetir, pues estos fueron aprobados por la Cámara desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato al Parlamento y nulas todas las leyes y actos ejecutados emanados de su seno.

Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo, y hasta desde la mesa de diálogo, presionaron para que el Parlamento acatara la decisión 260 de la Sala Electoral sobre desincorporar a los ciudadanos electos por Amazonas en las elecciones parlamentarias, y quienes fueron incorporados el pasado 28 de julio.

La desincorporación fue solicitada hace pocos días, y el pasado 24 de noviembre la junta directiva del Parlamento aseguró que la notificación fue presuntamente realizada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); no obstante, el máximo tribunal aún no se pronuncia.

Estos 33 actos se desglosan en 26 acuerdos, uno de ellos por unanimidad y 7 leyes sancionadas, sin contar la instalación de comisiones como la que tiene planteado designar a dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, la entrega de informes como el de la supuesta corrupción en Pdvsa que derivó en la declaración de responsabilidad política contra el ex presidente de la petrolera, Rafael Ramírez, y actos dentro de las comisiones permanentes como las designadas para estudiar la crisis agroalimentaria, la explotación del Arco Minero o para la evaluación de obras inconclusas, entre otras.

El trabajo. Estos primeros 365 días se traducen en 88 sesiones de la Cámara y nueve suspensiones por falta de quórum.

En materia legislativa, el Parlamento tiene más de 100 acuerdos aprobados, 18 de los cuales han logrado unanimidad saliendo del salón de sesiones con el voto de todos los diputados de la Cámara.

El más reciente se dio de forma inédita el pasado martes, cuando el Bloque de la Patria, que se había abstenido de votar a favor desde el mes de julio alegando el desacato declarado por el TSJ, aprobó el contenido de una declaración conjunta que condena la actuación de los miembros de la Fuerza Armada incursos en “La Masacre de Barlovento”.

Antes de esto se lograron consensos para condenar el uso indebido y tráfico de drogas, el aniversario de la Biblioteca Nacional, la conmemoración de los 200 años de la muerte de Francisco de Miranda y homenajes póstumos a ilustres venezolanos como Alirio Díaz Leal o Inocente Carreño.

Leyes van y vienen. En cuanto a las leyes, 15 ha sancionado la actual Asamblea Nacional: ocho de ellas devueltas por la Sala Constitucional del TSJ que las tildó de inconstitucionales como la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, la de Amnistía y Reconciliación Nacional, la del bono de alimentación para pensionados y jubilados, la reforma a la Ley del TSJ, la ley de títulos a beneficiarios de la Misión Vivienda y la reforma a la ley que le reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro.

Más recientemente se declararon inconstitucionales la Ley Orgánica del Servicio de Policía, la Ley para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del Docente y la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, alegando el desacato y por obviar “la determinación de la fuente de financiamiento, la viabilidad económica presupuestaria y la obligación de la Asamblea Nacional de acordar con el Poder Ejecutivo”, según se lee en las tres sentencias.

Otras cinco, entre las que destacan la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, la ley de Producción Nacional y la Ley Orgánica del Ambiente, se sancionaron durante el desacato declarado por el máximo tribunal del país y, por tanto, entran dentro de los “actos nulos e inconstitucionales” y sobre las que el Poder Judicial aún no se pronuncia.

Lo que no se movió en este segundo período legislativo fueron los créditos adicionales, pues la AN sólo aprobó cuatro entre los meses de marzo y mayo pasados.

Cosa similar ocurrió con algunos proyectos de ley que pasaron la primera discusión, pero siguen engavetadas: la ley de referendos, el proyecto de enmienda constitucional, la reforma a la Ley de Ciencia, son algunas de ellas.

TSJ le puso freno al legislativo

Lo más evidente durante este primer año del Parlamento bajo el mandato opositor fue el conflicto de poderes entre las instituciones del Estado.  El Poder Judicial jugó un papel fundamental, con respaldo del Poder Ciudadano y el Poder Electoral, al promover  la anulación de la mayoría       de los actos del Poder Legislativo declarando la inconstitucionalidad de leyes y acuerdos promovidos por la Cámara. Una de las sentencias más importantes es la N° 808 de la Sala Constitucional que, además de declarar inconstitucional la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 2.165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, deja sin efecto todas las leyes sancionadas desde el 28 de julio de 2016, día en el que fueron incorporados los diputados Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana a la Cámara.

Han aprobado 26 acuerdos y 7 normas desde el 28 de julio

88 sesiones realizadas suspendidas por quórum

15 leyes sancionadas

Este es el número de plenarias desde el 6 de enero, entre ordinarias y extraordinarias. Las han llevado a cabo, por lo general, dos días a la semana:_martes y jueves.  Por falta de quórum han sido suspendidas esta cantidad de sesiones. No obstante, según las cuentas del Bloque de la Patria, son 32 las “sesiones fallidas” que ha convocado la AN.

De ellas, sólo una ha sido aprobada por unanimidad,  9 han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia y se sancionaron 5 “en el lapso del desacato”.

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